Discurso presidente - América Latina: Nuevos empoderamientos de la sociedad civil.

 22/02/2016

 

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Discurso del Presidente de la República de Costa Rica al Congreso de la República de Guatemala, en ocasión de la Visita de Estado Presidencial a Guatemala
Febrero, 2016

Saludo respetuosamente al honorable señor diputado presidente del Congreso de la República de Guatemala, así como a las honorables diputadas, y diputados que conforman el Primer Poder de la República y tienen a su cargo la sagrada labor de legislar y representar los intereses y necesidades de las guatemaltecas y los guatemaltecos.

Constituye para mí un alto honor el haber sido invitado a compartir algunas consideraciones fundamentales sobre la centralidad e importancia de los derechos humanos y el papel preponderante de la sociedad civil, temas de capital importancia y que se encuentran absolutamente vinculados con el quehacer diario de todos los tribunales de justicia, de los congresos y de los gobiernos alrededor del mundo.

El Estado es el primer llamado a asegurar la primacía de los derechos humanos y garantizar su ejercicio. Todo Estado debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que los afecten o limiten de modo ilegítimo. Las Repúblicas de Costa Rica y Guatemala son integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de modo que han asumido un compromiso mayor e ineludible con respecto a la tutela de las libertades de sus habitantes.

La dignidad del ser humano es el centro de la actividad estatal, hacia su protección se debe dirigir cualquier acción nacional y política pública. Esto implica dirigir los actos del Estado hacia su resguardo y garantizar su disfrute pleno e incondicional, así como apuntar al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los ciudadanos todos.

¿Cuál es el lugar que queremos darles a los Derechos Humanos en nuestras sociedades? Debemos preguntarnos esto como un deber y un compromiso con las y los habitantes de nuestros países. Como una manera de concretar promesas y compromisos pendientes con la ciudadanía. La única respuesta legítima, como estados y como gobiernos, en un contexto de democracia y respeto de la persona, nos lleva a darle el máximo sitial.

En el último año, América Latina, y Centroamérica en particular, ha observado con atención los acontecimientos políticos en Guatemala, en los que la sociedad civil ha provocado giros importantes a la esfera pública formal. Las grandes movilizaciones populares que demandaban la probidad en el ejercicio del poder político, el cese de la corrupción y la impunidad y un fortalecimiento de la democracia, no pasaron inadvertidas para nadie en el continente. Con esto, los guatemaltecos demostraron que no se han acabado las ilusiones colectivas; que ninguna sociedad subsiste sin metas y esperanzas comunes.

Esas movilizaciones encendieron faros de esperanza para quienes creemos en la revitalización de los mecanismos de la democracia formal, y son una alerta para los políticos y partidos que no son capaces de garantizar más que el ascenso individual en el poder, sin incluir a las personas ni respetar sus derechos fundamentales, mucho menos generar y mantener sus condiciones básicas de subsistencia, de satisfacción de las demandas de los pueblos por mejores y mayores oportunidades de desarrollo humano.


Estos hechos no deberían ser extraños porque la democracia es el único régimen que permite su propia corrección. Cuando se desatiende el juramento de respeto de las leyes y del Estado de Derecho, las y los ciudadanos tienen las herramientas políticas para convocar un cambio, y esta es la bondad de nuestro régimen político. Un régimen en donde la soberanía reside en el ciudadano.

Las sociedades contemporáneas reclaman formas de gobierno basadas en la distribución horizontal del poder político y en su limitación, la cual se da a partir del acatamiento irrestricto al Derecho Internacional, a las reglas y principios constitucionales, y a las demás normas válidamente creadas. El Estado de Derecho es aquel que, de forma libre y soberana, crea las normas jurídicas y, una vez que lo hace, se somete a estas.

Los regímenes modernos contemplan la protección de los derechos de sus habitantes, la vigencia de las libertades en un sentido amplio y transversal, que obliga a todas sus instituciones, y a todos sus individuos, a garantizar la plena vigencia de dichas prerrogativas. Esto es conocido como “Estado de Derecho”.


No son pocos los países donde la vigencia de derechos económicos y sociales es limitada; donde no existe el respeto a la igualdad de género como política pública, y se irrespetan los derechos de las diversas etnias y de los grupos de personas con discapacidad, provocando la subrepresentación de ciudadanos que terminan siendo excluidos de la institucionalidad y se les priva permanentemente de contar con alternativas que los incluya en la vida política plenamente.

Afortunadamente, las constituciones políticas de nuestros países son el soporte vital de nuestras democracias y gozan de amplios y variados catálogos de derechos, los cuales han evolucionado desde las cartas decimonónicas, de cuño esencialmente liberal y seguidoras de las tradiciones francesa y norteamericana, hasta documentos de fuerte contenido social y conscientes de la pequeñez del Estado nacional frente a la realidad de un mundo altamente interrelacionado, interdependiente y demandante de las garantías de las y los ciudadanos.

Cuando estas no sepan o puedan cubrir con los derechos totales de las y los ciudadanos deben de ser sometidas a examen y ser corregidas colocando de nuevo los derechos de las personas como el centro de la vida política, económica y social de nuestros países, porque,  por primera vez en la historia, la imagen del Estado parece achicarse en un mar de estados y de relaciones que superan los límites físicos, con ciudadanías cada vez más informadas, educadas y demandantes de participación, de sus derechos y de justicia.

Es por lo anterior que cobra especial relevancia asegurar la supremacía constitucional como una garantía normativa para el respeto de la democracia y de los derechos humanos. El ideal consagrado en el artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789 está vigente en nuestros días, y se ve plasmado en el reconocimiento de la fuerza normativa superior de la Constitución.

Sin pretender soslayar la importancia capital que hoy en día tiene el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la primera barrera de protección de la persona frente a la arbitrariedad y los abusos de poder está en los textos constitucionales y en el reconocimiento inequívoco de su supremacía.

Necesitamos congresos y asambleas nacionales altamente sensibles en la materia y en el nuevo rol protagónico de la sociedad civil.


La consolidación del sufragio universal, no censitario, así como el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, son fenómenos que han permeado decisivamente el alcance de la ciudadanía. Esta, sin embargo, permanece limitada dentro de esquemas clásicos de democracia representativa, que en mucho restringen la participación política al mero acto electoral periódico y no a la toma de decisiones para la buena marcha de la cosa pública. Las sociedades modernas reclaman la participación.

La alternancia política -una institución propia de la refundación democrática latinoamericana- prevé la sustitución constante de las élites para permitir el florecimiento de nuevas ideas y proyectos, y oxigenar la esfera pública mediante nuevos actores y representaciones.

En nuestras sociedades la ciudadanía es cada vez más activa. La participación de las personas en la conducción del gobierno no solamente incrementa la legitimidad de las decisiones. Constituye también un conducto eficaz para materializar las aspiraciones y demandas ciudadanas, una herramienta para promover el cambio social y contribuir al reconocimiento y garantía de los derechos humanos. La pasividad ciudadana no le hace ningún favor a los gobiernos y, menos aún, al desarrollo democrático de los pueblos.

El despertar ciudadano de Guatemala muestra, a la vez, indignación e interés por la política, y es necesario atender con seriedad las demandas que han sido expresadas como mandato de gobierno.

Un pueblo consciente de su derecho y su responsabilidad, para el logro del bien común, es un pueblo capaz de defender la primacía constitucional, pero a su vez, de promover los cambios necesarios para la adaptación de las reglas y las instituciones a las necesidades que demandan los nuevos tiempos. La democracia participativa permite que el pueblo soberano recupere el control de su destino.

En diferentes partes del mundo han surgido, en los últimos diez años, movimientos sociales que han sido calificados como “primaveras democráticas”, esto porque sus demandas son diferentes a las de los movimientos sociales clásicos, cuyos componentes esenciales eran el establecimiento de regímenes políticos que cambiaran las relaciones sociales y productivas, como forma de alcanzar la libertad y el bienestar. Algunos de esos movimientos escogieron el camino de la insurgencia para alcanzar sus metas, como ocurrió en Centroamérica en los años setenta y ochenta. Sus reclamos eran justos y todavía muchos de ellos siguen siendo actuales.         

En estos casos hubo un elemento común: la canalización de las demandas ciudadanas, aún en situación de opresión y de impedimentos a la libre expresión. El disgusto, el sufrimiento y la indignación hicieron tambalearse las más cruentas dictaduras para dar paso a un cambio de régimen. En algunos casos emergió la democracia, pero en otros no se logró este resultado.

En palabras del premio nobel Amartya Sen, el gran hecho histórico de nuestra historia reciente, ha sido el advenimiento de la democracia. Nunca antes en la historia de la humanidad las personas lograron un régimen que abogara por la igualdad y el bienestar social. Más aún, cuando la democracia es el resultado de la lucha de los grupos sociales, sus gobernantes tenemos el compromiso de escucharlos e integrarlos.

Sin embargo, no podemos obviar, bajo ninguna circunstancia ni interés partidario o ideológico, que las evaluaciones continentales arrojan datos preocupantes.

Como se señala en el documento de la Corporación Latinobarómetro “La confianza en América Latina, 1995-2015”, la media de apoyo a la democracia en América Latina es de 56%. Nuestra región registra un frágil 44%.

En términos de satisfacción con la democracia, los resultados son igualmente descorazonadores: en todos los países centroamericanos menos del 50% de la población indica estar satisfecha con la democracia. En dos de ellos, menos del 30% indica satisfacción.[1]

La gente nos está diciendo claramente que los mecanismos de la democracia formal no son suficientes. Enfrentamos una crisis de legitimidad de gobiernos, parlamentos y partidos políticos. No podemos seguir viviendo la ficción de que la política y lo político se acaba en estas instancias, que todo lo que hacemos interesa a la gente y que no hay nada más allá.

El peligro de desconexión de las masas ciudadanas está latente y grave error sería actuar como si el voto significara el traslado de una representación absoluta que nos autoriza a actuar a nuestro buen ver y entender, otorgándole a la gran ciudadanía un rol inconvenientemente pasivo y legitimador de la acción del gobierno.

Guatemala tiene importantes niveles de excepcionalidad que debe saber aprovechar: es de los pocos países que no permite la reelección presidencial, ha logrado avanzar en sus procesos de justicia transicional y ha conseguido incluir un nuevo liderazgo en la política tradicional.

Vivimos una crisis de credibilidad de la institucionalidad democrática que conduce aceleradamente a la desmitificación del poder, perdiendo gran parte de la parafernalia que rodeaba a los gobernantes producto de un pasado más vertical y jerárquico.       

El cambio necesario en la manera de gobernar se da gracias a que ha surgido una ciudadanía más descreída en el poder del voto, menos dispuesta a participar en procesos electorales; menos propensa a creer en las promesas de los políticos y los partidos, pero más activa en el uso de mecanismos para controlar el poder, para exigirle transparencia, para forzarlo a tomar otra dirección –o devolverse si es necesario--, y para bloquearlo si persiste en actuar a contrapelo del interés ciudadano.

A sectores importantes de ciudadanos y ciudadanas les interesa menos votar y cada vez más denunciar, controlar y presionar a gobernantes y a instituciones.

Ante esto, los nuevos gobernantes debemos hacer frente a los discursos de descrédito de las viejas élites que consideran a los ciudadanos comunes como indignos de los cargos de representación. Las viejas élites reclaman los espacios de decisión para sí, mientras que la política del cambio lo hace para el respeto del Estado de derecho y la sana convivencia ciudadana.

El desarrollo de las redes sociales y otras plataformas digitales de interacción, de uso extendido sobre todo entre personas jóvenes y la mayoría habitantes de las extendidas zonas urbanas, que viven con pasión esta revolución en las comunicaciones, han socializado más que en cualquier época de la historia universal los mecanismos de control sobre el poder político, y de otras formas de poder.

Estas nuevas formas de participación política, han complicado extraordinariamente no solo el oficio del gobernante, sino que obliga a una redefinición de la institucionalidad democrática para hacerla funcional a la época.

Los tradicionales mecanismos de representación deben complementarse con mecanismos de democracia directa, en los planos nacionales y locales, y con mecanismos de comunicación abierta entre gobernantes y gobernados, donde predomine la transparencia y la rendición de cuentas.

Dentro de este contexto de necesaria transformación o de adecuación de las instituciones democráticas a las nuevas circunstancias, hay que incluir también a la institucionalidad regional, diseñada para otra época y otras condiciones. La interacción entre estados nacionales asentados en esta región del mundo, era entonces percibida de una forma que hoy no está dando los frutos esperados.

En este ámbito, también, estamos estancados, con una institucionalidad muy pesada y cara, muy lenta en la toma de decisiones, con una burocracia cuya visión de su papel no responde a las necesidades de la Centroamérica de nuestros días. Hay instituciones que no juegan ningún papel, y deberían por tanto desecharse o redefinirse en su totalidad. Han proliferado una gran cantidad de secretarías y grupos anexos cuyo papel debe ser seriamente evaluado.

Esta necesaria redefinición de la institucionalidad regional debe ser responsabilidad de gobernantes y ciudadanía. No debe ser solamente un esfuerzo de arriba hacia abajo sino que debe combinarse con propuestas que vengan desde abajo, desde la ciudadanía y la sociedad civil, para disponer a corto plazo de mecanismos renovados que nos permitan una mayor eficiencia en la toma de decisiones que atañen a estas sociedades, individual y conjuntamente.

Si esos esfuerzos no lograran fructificar en un plazo racional, habría que despedirse de esa superestructura ineficiente y concentrar los esfuerzos en la modernización de los mecanismos de integración económica, que hasta ahora han funcionado bien, pero que también son producto de otra época y de un mundo mucho menos integrado que el actual.

Señoras diputadas y señores diputados:

No debemos nunca perder de vista que el germen del reconocimiento de derechos humanos está en las cartas constitucionales, pero que es el Derecho Internacional Público el que ha enriquecido en forma profusa los catálogos de libertades públicas.

La soberanía sigue siendo un elemento esencial del Estado moderno. Aún en un mundo globalizado e interdependiente, la existencia de un poder de autogestión que permita asegurar la cohesión interna y la defensa contra los agentes externos, resulta vital.

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 141, y la de Costa Rica en el numeral 2º, establecen el principio de soberanía popular. Ambas Cartas Fundamentales ponen como centro del Estado al ser humano y sus derechos. El sometimiento al Derecho Internacional de los Derechos Humanos es, en todo caso, un acto de soberanía que, paradójicamente, condiciona la actuación soberana del Estado, al imponerle obligaciones de orden supranacional.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos está destinado a resguardar los derechos de las personas frente al Estado y frente a terceros, sin desvirtuar la organización interna. Por el contrario, la complementa y refuerza. El Tribunal Constitucional costarricense, ha reconocido que los tratados internacionales tienen valor similar a la Constitución Política, al integrar el bloque de constitucionalidad y, en la medida que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman sobre dicha norma máxima.

Siempre que en un Estado se configure una práctica general y uniforme, que perdure bajo la convicción de su normatividad, esta adquiere el carácter de regla consuetudinaria y, por consiguiente, se convierte en un deber ineludible frente a la Comunidad Internacional. Ante la resistencia estructural o coyuntural para asumir nuevas obligaciones convencionales por parte de algunos estados, las normas consuetudinarias constituyen una vía para el reconocimiento de nuevos derechos humanos, así como para el fortalecimiento de los ya vigentes.

En este sagrado recinto destinado a una de las más nobles funciones deseo concluir mi intervención destacando que el ideal de una sociedad igualitaria, justa, solidaria, próspera y feliz, donde todas y todos los ciudadanos puedan desarrollarse con plenitud y tengan trabajos dignos, educación de calidad y los servicios de salud pública que nuestras familias se merecen. Del éxito que este alcance en el reconocimiento y tutela de los derechos innatos de las y los habitantes.

No debemos de olvidar nunca que los derechos humanos son el compás moral de nuestras sociedades, el sustento ético y el anclaje jurídico para que los estados no se salgan de control y atenten contra quienes hacen posible no solo la historia, sino el presente y el futuro lleno de esperanza y trabajo, hablo de todas las personas que forman parte de ese sueño primigenio, y que debemos alimentar constantemente, al que llamamos patria.

Nuestros gobiernos deben de ser la égida de las y los ciudadanos, así como el bastión de sus derechos, mucho hemos hecho en nuestros países para lograrlo, mas mucho nos falta aún por hacer.

Muchas gracias.